Neoliberalismo en Venezuela según la revista NUEVA SOCIEDAD NRO. 110

La debacle del sistema económico venezolano en los ochenta dejó de admitir al Estado como regulador necesario de la actividad económica. Ya en la «Carta de Maracaibo» (1980), documento oficial de Fedecámaras se advertía de la inconveniencia para el empresariado del gran poder regulador del Estado, y se planteaba revisar su estrategia y papel en el seno de la sociedad. El «viernes negro» (1983), deuda externa y déficit público quiebran el equilibrio fiscal del cual había disfrutado Venezuela por largos años. Se desatan los cuestionamientos al ejercicio del Estado como agente económico, así como los instintos individualistas; se exige la necesidad de hacer retroceder la economía estatal. Pero este proyecto no se puede justificar en nombre de la libre competencia, porque los monopolios y oligopolios privados dominan el aparato productivo y los mercados. De aquí que el neoliberalismo no combate a los monopolios privados sino sólo a los estatales. Esta política económica neoliberal del gobierno (1989/1990), se establece con el propósito de facilitar un nuevo proceso de cohesionamiento ideológico empresarial, que en América Latina ha venido desarrollándose sistemáticamente en los últimos años, buscando crear las condiciones necesarias para una reestructuración tecnológica y productiva, en un nuevo ciclo de acumulación y concentración del capital. Sus principales objetivos son: 1) afianzar el principio de la propiedad privada, entendida como garantía de la libertad y del espíritu empresarial; 2) promover el mercado y la competencia como forma de regulación de la economía y de toda la sociedad; 3) contrarrestar el poder de la organización y participación de los trabajadores, dispersándolos para evitar que se constituyan en actores sociales y políticos; y 4) restringir la intervención del Estado en la economía y en la sociedad en general. En el terreno laboral, el enfoque neoliberal plantea la flexibilización de las relaciones de trabajo, es decir, la supresión de los vínculos rígidos entre el trabajador y un determinado centro o puesto de trabajo, con la finalidad de facilitar los procesos de renovación tecnológica y de descentralización productiva. Estas políticas se traducen en la proliferación de empleos precarios sometidos a formas atípicas de contratación (…)